Una de las novedades legislativas de este año 2015, que pronto dejaremos atrás, ha sido la denominada “Ley de segunda oportunidad”, que entró en vigor el pasado mes de julio y que pretende dar opciones a pequeños empresarios y particulares que fracasaron en sus negocios para poder “limpiar” sus deudas “volver a la circulación”.

Seguidamente pasamos a enumerar los aspectos más importantes de esta norma, como quién puede acogerse a esta Ley, qué requisitos se deben cumplir y cuál será el resultado después de un procedimiento al que ya han decidido acogerse muchos de nuestros clientes.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO:

• En primer lugar, la Ley está dirigida a profesionales por cuenta propia que, fruto de un fracaso empresarial, arrastran deudas a nivel personal que, en la mayoría de ocasiones, no les permiten acometer nuevos proyectos o continuar con normalidad su actividad profesional.

• El procedimiento consiste, en primer lugar, en que el deudor, con el asesoramiento de sus abogados, trate de llegar a un acuerdo con sus acreedores. Este procedimiento será tutelado por el juez, pudiendo el deudor liquidar los bienes de los que disponga para abonar sus deudas, la cual cosa puede hacerse, por ejemplo, pactando un calendario de pagos.

• Tratándose de un procedimiento tutelado por el Juzgado, el deudor puede solicitar la ayuda de un mediador concursal que tratará de facilitar el acuerdo con los acreedores. Si el acuerdo no fuera posible, el abogado del deudor y el mediador podrán solicitar al Juzgado la declaración de concurso voluntario de acreedores.

Declarado el concurso voluntario de acreedores, el juez puede exonerar al deudor de sus deudas, siempre que se cumplan dos requisitos: Primero, que se acredite que no dispone de bienes para pagar a sus acreedores y, en segundo lugar, que haya demostrado “buena fe”.

• ¿En qué consiste la “buena fe”? Para que el juzgado considere que existe buena fe, deben darse las siguientes condiciones:

– Que antes de acudir al concurso se haya intentado un acuerdo con los acreedores.

Que no haya sido declarado culpable en un concurso de acreedores.

– Que, en los 10 años anteriores de la petición del concurso, el deudor no se haya beneficiado ya de la Ley de segunda oportunidad, ni haya sido condenado por delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la hacienda pública, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico o por falsedad documental.

– Que en los cuatro años anteriores a la solicitud de concurso, el deudor no haya rechazado una oferta de empleo “adecuada a su capacidad”.

¿ME LIBERARÉ DE TODAS LAS DEUDAS?

No de todas. Cuando la Ley establece las deudas que pueden ser exoneradas se exceptúan los “créditos de derecho público y los créditos por alimentos”.

Por tanto, estamos hablando de que al deudor se le puede exonerar del pago de los denominados créditos ordinarios pero, sin embargo, seguirá obligado al pago de las deudas que pueda tener con la Agencia Tributaria y/o la Seguridad Social, así como a las pensiones de alimentos fijadas por el juzgado a favor de familiares, por ejemplo, a raíz de un procedimiento de divorcio.

En definitiva, hablamos de un procedimiento de gran interés, sobre todo para aquellas personas que hayan pasado por el procedimiento concursal de su empresa y, derivado del mismo, mantengan deudas de la compañía a nivel personal, en calidad de garantes o avalistas, y no dispongan de patrimonio para hacer frente a ellas.

Esta situación comporta que estén muy limitados a la hora de emprender nuevos proyectos, por lo que despachos de abogados como COLORADO & DE ROA estamos acometiendo en la actualidad gran cantidad de procedimientos de este tipo, con el objeto de remediar esa situación.

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