¿Ha comprado una vivienda sobre plano y aún no se había iniciado la construcción? ¿Qué derechos me asisten? ¿Algún día me entregarán mi vivienda? ¿Puedo recuperar mi dinero?

Posiblemente conozca a alguna persona que se encuentre en esta situación o bien haya escuchado por algún medio de comunicación que cientos de personas se han quedado sin vivienda y sin parte de sus ahorros. Pues bien, en el presente artículo haremos referencia a las posibles alternativas legales que podemos utilizar para poner fin a esta situación.

En primer lugar cabe señalar que anteriormente era de aplicación la Ley 57/68, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, norma que fue derogada por la entrada en vigor de la Disposición adicional Tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

En base al principio de irretroactividad de las normas las personas que realizaron el desembolso antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, es decir, antes del 1 de enero de 2016, se seguirán rigiendo por la normativa que estaba en ese momento en vigor, mientras que las realizadas con posterioridad a dicha fecha se encuentran vinculadas al nuevo sistema, el cual, pese a que trata de ser garantista con los compradores que se han visto afectados por la compra de inmuebles que finalmente no se construyen, a nuestro entender, recorta derechos y prerrogativas que en la normativa anterior asistían al ciudadano.

Pues bien, si usted o alguna persona cercana se encuentra inmersa en una situación como la descrita, con la normativa actual en mano, tiene dos posibilidades, o bien conceder una prórroga a la promotora para que construya la vivienda o bien, exigir la devolución de su dinero.

En relación a la primera vía, esto es conceder una prórroga la promotora para que construya la vivienda, quizás es la alternativa más arriesgada para sus intereses, pues en innumerables ocasiones, la falta de construcción es consecuencia directa de la insolvencia de la promotora y/o constructora, por lo que, quizás la vivienda nunca llegue a construirse, sin perjuicio de que otra promotora se haga cargo de ello. Asimismo, destacar que no es lo mismo que la construcción ni tan siquiera haya comenzado a que únicamente se deba a un retraso en la entrega, siendo este un aspecto a tener en cuenta para tomar su decisión.

Por lo que respecta a la segunda alternativa y quizás la que más le interese, es decir, recuperar su dinero, debemos hacer referencia a varios aspectos.

En primer lugar, manifestar que la ley imponía e impone a las promotoras la obligación de concertar un contrato de seguro con una entidad inscrita y autorizada por el Estado o bien constituir un aval solidario con una entidad bancaria que garantice la devolución de las cantidades percibidas anticipadamente para el supuesto de que la construcción no llegue a buen fin.

¿Qué significa buen fin? Pues bien, dicho concepto inicialmente generó numerosas controversias, dando lugar a sentencias judiciales contradictorias, por lo que, el Tribunal Supremo decretó finalmente que las devoluciones de dinero debían realizarse tanto para el supuesto de que la construcción no se hubiese iniciado como por el retraso en su entrega una vez vencido el plazo pactado.

En segundo lugar, y sin perjuicio del contrato de seguro o aval, la promotora debe depositar las cantidades percibidas en una cuenta especial de una entidad bancaria en la que no exista ningún otro tipo de fondo y así garantizar que dichas cantidades pueden ser devueltas si se precisa, siendo responsabilidad de la entidad bancaria asegurarse que la promotora cuenta con un seguro o aval, pues en caso contrario, la abertura de la cuenta y el depósito del dinero no debería poder realizarse.

Sentado lo anterior, se abren dos alternativas, una muy sencilla, mediante la ejecución del aval y/o la solicitud formal a la aseguradora para que abone las cantidades entregadas a cuenta, y otra, que implicaría el inicio de un procedimiento judicial frente a la entidad bancaria por no haber comprobado que la promotora cuenta con un seguro o aval.

Habida cuenta que los bancos han venido haciendo caso omiso a tal exigencia, los tribunales han considerado que, cuando las entidades bancarias no actúen debidamente, deberán responder ante los compradores y devolverles las cantidades de dinero que entregaron a la promotora, así como los intereses. Asimismo, destacar que en la gran mayoría de las situaciones es preciso iniciar un procedimiento judicial demandando a la entidad bancaria pues el pago voluntario en la práctica no se realiza.

En conclusión, con el fin de ofrecer mayor seguridad a los compradores, las promotoras deben garantizar la posibilidad de devolver las cantidades percibidas de forma anticipada para la construcción de la vivienda para el supuesto de que la construcción no llegue a buen fin, debiendo cumplir una serie de exigencias legales. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, por lo que, cuando tales deberes no hayan sido respetados, se podrá exigir a la entidad bancaria que responda por la promotora si la misma no ha actuado con la diligencia que le es exigible.

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