Como comúnmente es sabido la comisión de un delito comporta que el responsable del mismo deba cumplir con la pena que legalmente se le imponga, y en su caso, reparar los daños y perjuicios causados a la víctima, ya sean físicos, materiales o psicológicos, lo que en la praxis se conoce como la “responsabilidad civil ex delito”.

Es evidente que los daños ocasionados por una persona mayor de edad deben ser reparados por la misma. No obstante, cuando estos son ocasionados por un menor de edad, la respuesta no parece tan clara, por lo que en el siguiente artículo trataremos de dar respuesta a las principales cuestiones que se suscitan sobre tal cuestión.

¿Qué ley se aplica a los menores de edad que han cometido un hecho delictivo?

Cualquier acto ilícito cometido por una persona mayor de edad deberá ser juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal, aplicándosele, por ende, las penas y medidas de seguridad que se recogen en el mismo.

Sin embargo, los actos ilícitos cometidos por los menores de edad serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, en el que se recogen las medidas penales a aplicar a los menores de edad que sean hallados penalmente responsables.

¿Todos los menores de edad son penalmente responsables por sus actos?

No. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor únicamente es aplicable a aquellos menores de edad que tengan una edad comprendida entre los 14 y 18 años de edad en el momento de la comisión de los hechos (no en el momento en el cual se celebre el Juicio).

Es, por tanto, el momento en que se produce el hecho delictivo el que determinará las medidas penales a aplicar a los menores de edad las cuales difieren considerablemente de las penas contempladas en el Código Penal.

No obstante, es una cuestión no exenta de polémica, pues existen sectores jurisprudenciales y sociales que consideran que la aplicación de una ley u otra debería depender del raciocinio del sujeto en el momento de la comisión de los hechos y no simplemente de su edad.

Los menores de 14 años, por tanto, carecen de responsabilidad penal, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento civil para valorar la situación del menor y el modo en el que se está ejerciendo la guarda y custodia por sus padres y/o tutores, así como valorar si cabe exigir responsabilidad civil por los actos cometidos por el menor.

Aclaradas las anteriores cuestiones, centrémonos en los aspectos que conciernen a la exigibilidad de la responsabilidad civil.

Tal y como dispone el artículo 61.3 de la ley de Responsabilidad Penal del Menor:

Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

Los aspectos más importantes del reseñado precepto son:

  •  Solidaridad: Los padres, tutores, acogedores y guardadores de hecho o legales del menor que resulte responsable de los daños ocasionados a un tercero deberán hacerse cargo de la indemnización automáticamente, garantizando de este modo la reparación del daño al perjudicado ante la más que previsible insolvencia del menor.

Si bien es cierto que en nuestro sistema jurídico la solidaridad es considerada la excepción a la norma general, la exigibilidad de responsabilidad de forma solidaria a quien tiene atribuida la guarda legal se debe al deber de vigilancia y educación que le resulta inherente a su cargo.

  • Moderación de la responsabilidad: La responsabilidad en estos casos se considera objetiva, es decir, los padres o tutores serán condenados solidariamente al pago de la indemnización con independencia de si pusieron medios para evitar el daño ocasionado. No obstante, el quantum indemnizatorio podrá modularse de forma considerable si quien tenía atribuida la guarda y custodia del menor en ese momento puso los medios suficientes para evitar la producción del daño.

Como anteriormente se ha referido, si el hecho hubiese sido realizado por un menor de 14 años, resultará penalmente irresponsable, no obstante, sí que podrá iniciarse un procedimiento para exigir la responsabilidad a los progenitores o tutores en el orden jurisdiccional civil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.903 del Código Civil. En este supuesto, lógicamente no existe sentencia penal condenatoria alguna, por lo que, la aportación de prueba que acredite la relación de causa-efecto entre la conducta del menor y la producción del daño será indispensable para declarar la responsabilidad civil así como el quantum indemnizatorio.

En conclusión, los hechos delictivos cometidos por los menores de edad quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en la LO 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, siempre que en el momento de la comisión de los hechos, éste tuviese una edad comprendida entre los 14 y 18 años. Con independencia de las medidas penales que se puedan establecer, podrá exigirse una responsabilidad civil, tendente a reparar el daño ocasionado, quedando los progenitores o tutores condenados de forma solidaria al pago de la mima, al entender que los perjuicios producidos son una consecuencia directa del incumplimiento de los deberes de vigilancia y educación que les resultan inherentes.

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