AUMENTO DE LOS DIVORCIOS

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar las cifras anuales de nulidades, separaciones y divorcios, apreciándose un cambio de tendencia en la caída de este tipo de procedimientos que hemos venido viendo desde el inicio de la crisis económica. Seguramente, la leve mejora de la economía ha propiciado este repunte, ya que este tipo de procedimientos no resultan precisamente rentables económicamente, puesto que en la mayoría de casos se pasa de mantener una casa entre dos a mantener una cada uno.

La cuestión es que durante el año 2014 se dictaron 105.893 sentencias de nulidad, separación y divorcio en España, lo que supone un 5,4% más de las que se dictaron en 2013. Los divorcios se incrementaron en un 5,6%, mientras que las separaciones crecieron el 2,7%, igual que las nulidades matrimoniales.

Respecto a las diferentes formas de poner fin al matrimonio, el divorcio sigue creciendo, la cual cosa es consecuencia directa de la reforma del Código Civil operada en julio de 2005, que permite acudir directamente a esta vía sin necesidad de haberse separado antes, como ocurría antiguamente.

Para acudir al divorcio es suficiente con acreditar que han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, sin que sea necesario alegar ninguna causa concreta para justificar la petición.

¿DIVORCIO CONTENCIOSO O DE MUTUO ACUERDO?

Igual que ocurre con la separación, el divorcio puede solicitarse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.

Tanto la separación como el divorcio de mutuo acuerdo son más sencillos y rápidos que en el supuesto contencioso. Basta con que los miembros de la pareja acuerden las medidas que deben regir la disolución de su relación (uso del domicilio, guarda y custodia de los hijos, pensión de alimentos, pensión compensatoria…), para lo que es aconsejable contar con el asesoramiento de un abogado matrimonialista que indique a los cónyuges los puntos que legalmente deben regularse y de qué forma.

A parte de la gran importancia que tiene el mutuo acuerdo en cuanto a evitar un conflicto que nunca resulta agradable, también debe tenerse en cuenta que es una vía que abarata enormemente los costes de abogado y procurador, puesto que se puede llevar a cabo con la intervención de un solo abogado para ambas partes y, además, la resolución judicial se obtiene con mucha más rapidez, ya que solamente se trata de que el Juzgado apruebe el convenio regulador que ambas partes previamente han acordado.

Cuando no hay posibilidad de acuerdo entre los cónyuges, no queda otro remedio que acudir al divorcio contencioso, lo cual se realiza mediante la interposición de la correspondiente demanda judicial, tras lo que se inicia un procedimiento igual al de la separación contenciosa.
El procedimiento contencioso conlleva un coste más elevado, tanto a nivel económico como personal. Ambas partes solicitarán al Juzgado el establecimiento de las medidas que consideran más adecuadas para regular los efectos futuros de la ruptura y, lógicamente, esas medidas no serán coincidentes, por lo que se celebrará un juicio en el que se practicarán las pruebas con las que cada parte intentará defender su posición y, tras ello, el juez dictará la correspondiente sentencia.

¿QUÉ EFECTOS TIENE EL DIVORCIO?

Tras la sentencia que decreta el divorcio, y que queda inscrita en el Registro Civil, el vínculo matrimonial se disuelve, con lo que cambia el estado civil de los cónyuges, que en adelante podrán volverse a casar.

La disolución del vínculo formado por el matrimonio conlleva la pérdida de los derechos sucesorios entre las partes y, en la mayoría de los casos, también del derecho a percibir la pensión de viudedad.

Como es lógico, la ruptura del vínculo entre los cónyuges no afecta a sus obligaciones con los hijos, a los que deberán seguir manteniendo bajo su guarda, alimentándolos y educándolos, con la particularidad de que deberán hacerlo de la forma establecida en la sentencia de divorcio.

Tal y como se ha anticipado, la sentencia establecerá la forma en que se disolverá el régimen económico matrimonial (reparto de los bienes entre las partes), se pronunciará sobre a quién se atribuye el uso de la vivienda familiar, quién ostentará la guarda y custodia de los hijos y, en su caso, qué régimen de visitas deberá cumplir el progenitor no custodio. También fijará el importe de las pensión de alimentos y/o compensatoria que se establezcan.

Debe tenerse en cuenta que las medidas establecidas en la sentencia no son estrictamente imperativas, sino que han de servir para dotar de seguridad a la ruptura, en el sentido de establecer unos mínimos que, en caso de desacuerdo entre las partes, deben cumplirse, pero que podrán variarse de forma consensuada y siempre priorizando el interés de los hijos.

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