El pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal, con lo que pasaron a aplicarse toda una serie de importantes modificaciones. De la mencionada reforma destacamos las que afectan de forma más importante al día a día de abogados y clientes, como es el caso de la supresión del Libro III del Código Penal, dedicado a las faltas.

Hasta la entrada en vigor de la reforma, el Libro III recogía toda una serie de conductas, las faltas, que por tener un carácter leve, no llegaban a considerarse delitos y, por ese motivo, llevaban aparejada una pena inferior y, sobre todo, se enjuiciaban a través de un procedimiento especial, más rápido y sencillo, llevado a cabo por un único juez, el juez de instrucción.

Con la reforma, las faltas dejan de existir, habiéndose implantado la figura del delito leve. Esto quiere decir que no se ha procedido a la simple supresión de las faltas, con la automática despenalización de esas conductas, sino que solamente algunas han sido directamente eliminadas del Código Penal y otras han pasado a tener la consideración de delito.

De las conductas recogidas como faltas en el anterior Código Penal, han sido completamente despenalizadas:

  • las lesiones,
  • el homicidio por imprudencia leve,
  • los incumplimientos de obligaciones familiares,
  •  así como las injurias de carácter leve.

Todas estas conductas, de ahora en adelante deberán ser objeto de enjuiciamiento en vía civil, a través de la responsabilidad extracontractual recogida en el artículo 1902 del Código Civil, en el caso de lesiones, injurias u homicidio por imprudencia leve, o mediante el correspondiente procedimiento de ejecución de sentencia en el caso de incumplimientos de obligaciones familiares.

¿CÓMO AFECTA ESTE CAMBIO, POR EJEMPLO, AL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES? EL CASO CONCRETO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES

Llegados a este punto, vamos a ver en qué situación quedan, por ejemplo, los supuestos de incumplimiento de obligaciones familiares tras la reforma de referencia.

Hasta ahora, el Código Penal recogía en su artículo 618.2 que “El que incumpliere obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no constituya delito, será castigado con la pena de multa de 10 días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días”, lo que quería decir que podía interponerse denuncia contra la persona que incumpliera, por ejemplo, el régimen de visitas o el deber de prestación de alimentos establecido en sentencia de medidas, separación o divorcio, la cual cosa daba lugar a la tramitación de un procedimiento de faltas, que podía acabar con la condena del denunciado al cumplimiento de las penas contempladas en el artículo al que se ha hecho referencia.

Tras la reforma, el incumplimiento de obligaciones familiares no podrá ser objeto de denuncia vía penal, sino que la reclamación deberá encauzarse a través del procedimiento de ejecución de la sentencia de medidas, separación o divorcio incumplida, ante el juzgado que hubiere dictado dicha resolución, lo que, de cara a la persona que reclama, implica tener que asumir mayores costes que para la tramitación del antiguo juicio de faltas.

LOS NUEVOS TIPOS DELICTIVOS ATENUADOS

Sin embargo, la mayoría de conductas que se tipificaban como faltas, no han desaparecido del Código Penal, sino que han adquirido la consideración de delito, habiéndose incrementado notablemente sus penas. En algunos casos, se ha optado por subsumir la conducta en un tipo delictivo que ya existía, como es el caso del llamado “abandono de menores”, que se ha incorporado al delito de omisión de socorro del artículo 195 del Código Penal. No obstante, en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es crear toda una serie de nuevos tipos delictivos atenuados.

Debe tenerse en cuenta que el paso de falta a delito, no solamente lleva aparejada el aumento de las penas, sino que también existen otros importantes cambios, como son el hecho de que aumente el plazo de prescripción, que pasa de los 6 meses de las antiguas faltas a 1 año, la generación de antecedentes penales en el caso de ser condenado como autor de un delito leve, cosa que no ocurría en el caso de las faltas, y la posibilidad de ser detenido por las fuerzas de seguridad, que no era posible en caso de comisión de una falta.

¿CÓMO AFECTA LA REFORMA A LAS GARANTÍAS PARA DEL DENUNCIADO?

Todos estos cambios no serían tan importantes si no fuera porque no se ha procedido a efectuar una modificación procesal paralela. Es decir, antes contábamos con un procedimiento más rápido, sencillo y con menores garantías para el enjuiciamiento de las conductas leves llamadas faltas, con lo que ahora podríamos pensar que su supresión y la consideración de la mayoría de conductas como delito comportaría que se tramitaran a través del procedimiento abreviado,  que es el utilizado para el enjuiciamiento de la mayoría de delitos y que cuenta con dos fases, instrucción y juicio oral, cada una de las cuales se encuentra a cargo de un juez y, en definitiva, provee al denunciado de mayores garantías. Pues no ha sido así.

El legislador ha optado por mantener el procedimiento sencillo previsto para el enjuiciamiento de las faltas, que ahora servirá para los llamados “delitos leves”, la cual cosa no parece demasiado adecuada si tenemos en cuenta que, precisamente, ese tipo de procedimiento tenía un carácter “especial” porque estaba previsto para el enjuiciamiento de conductas de escasa gravedad, que llevaban aparejadas penas inferiores a las que ahora se han establecido para los llamados “delitos leves” y que, además, la condena por falta no conllevaba la generación de antecedentes penales.

Por tanto, podemos concluir que la reforma del Código Penal, en lo que se refiere a las faltas, únicamente ha procedido a la despenalización de contadas conductas, que en adelante deberán ser objeto de enjuiciamiento a través del costoso sistema civil, pasando a convertir en delitos la gran mayoría, para los que se han establecido mayores penas, pero que, sin embargo, serán tramitados a través de un procedimiento rápido y sencillo con el que disminuyen las garantías en el derecho de defensa.

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